Bruselas no tiene bastante con la bomba de austeridad que encierra el Plan de Estabilidad enviado por Rajoy

El Programa de Estabilidad |1| que aprobó el Gobierno en funciones de Rajoy en el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril |2|l, aparentemente blando tras el plante de las Comunidades Autónomas (CCAA), oculta una bomba de austeridad en forma de ajuste en el gasto autonómico en Sanidad y Educación de unos 12.000 millones de euros hasta 2019, de un Acuerdo de No Disponibilidad de crédito por 2.000 millones de euros y de la aplicación de medidas coercitivas para hacer cumplir la regla de gasto. Ni siquiera así Bruselas ha dado todavía el visto bueno.

“No hemos tomado ninguna decisión todavía ni tenemos ninguna opinión ni a favor ni en contra. Lo están considerando todo nuestros expertos y los comisarios tomarán una decisión. El próximo 18 de mayo vamos a publicar recomendaciones para todos los países, no sólo para España. No tenemos nada más que añadir”, ha sido la respuesta de los portavoces oficiales de la Comisión Europea ante la pregunta de si está de acuerdo con el nuevo objetivo de déficit propuesto por el Gobierno español. Desde Bruselas tampoco han querido responder si aceptarán que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio (26J) se niegue a seguir humillándose ante la austeridad.

Lo que ha querido vender Rajoy, en periodo preelectoral y después de la rebelión protagonizada por las Autonomías contra la dictadura del déficit, es que ha pedido a Bruselas una migaja de flexibilidad. En concreto, lo que ha planteado es aplazar un año más, hasta el 2017, la obligación de situar el déficit por debajo del 3%. Propone un déficit de las Administraciones Públicas del 3,6% del PIB en 2016, del 2,9% en 2017, del 2,2% en 2018 y del 1,6% en 2019. A las CCAA, tras sus quejas, les eleva ligeramente su objetivo de déficit, del 0,3% al 0,7% este año. Esto supone, para las administraciones con competencia en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, un ajuste de unos 7.000 millones de euros en vez de 14.000. La Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España (2016-2019) también eleva el techo de la Seguridad Social al 1,1% en 2016 y aspira a que “la deuda pública seguirá descendiendo hasta el 96% en el año 2019”, cuando en la actualidad se sitúa en el 99,2%. |3|

Recortes en Educación y Sanidad por 12.000 millones € hasta 2019 y medidas coercitivas

Sin embargo, dicha Actualización del Programa de Estabilidad oculta una bomba de austeridad en forma de medidas de ajuste en el gasto autonómico en Sanidad y Educación valoradas en unos 12.000 millones hasta 2019, según ha publicado ‘El Periódico’ |4|, basándose en el Informe sobre el Programa de Estabilidad publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) |5|. También encierra la intención del Gobierno de garantizar el cumplimiento de la regla del gasto adoptando “las disposiciones necesarias para la aplicación de medidas preventivas, correctivas y coercitivas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria”.

Además, ese mismo Consejo de Ministros, recordemos que de un Gobierno en funciones, incluye un Acuerdo de No Disponibilidad de crédito por importe de dos mil millones de euros en los Presupuestos Generales de 2016, “al objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea”. Dicho Acuerdo afecta a trece ministerios, incluidos los de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Educación, Cultura y Deporte; o Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para más inri, el Consejo de Ministros también aprueba un vergonzoso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cataluña de medidas para afrontar la emergencia en la vivienda.

Para justificar ese Acuerdo de No disponibilidad de Crédito, Hacienda recuerda que el pasado 9 de marzo, la Comisión Europea publicó una Recomendación Autónoma a España, en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo, en la que se instaba a adoptar las medidas necesarias para la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el ámbito de las Administraciones autonómicas y para conseguir una corrección duradera del déficit público.

Lo que pesa sobre España es estrenar las multas por incumplir los objetivos fiscales. Eso podría suponer una multa de hasta 2.200 millones de euros. El presidente en funciones Rajoy, obligado a compaginar golpes de mano electorales con la obediencia a Europa y que no quiere tal mancha en su expediente justo al final de la legislatura, envió a primeros de mayo una carta implorando clemencia al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el hombre que, recordemos, dijo aquello de “No puede haber elección democrática contra los Tratados europeos”… En un contexto preelectoral en el que ha irrumpido con fuerza la confluencia de izquierdas entre Podemos e IU (Unidos Podemos), la Comisión Europea considera retrasar la posible sanción hasta después de las elecciones del 26 de junio. |6|

Fue precisamente esa Recomendación Autónoma lo que llevó al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a endurecer su postura contra el déficit de las CCAA, bajo amenaza de medidas coercitivas. Y lo que produjo fue una rebelión de las mismas, incluida Castilla y León, gobernada por el propio PP, el mismo partido en el Gobierno, que se plantaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 28 de abril. Fue en esa reunión donde quedaron fijados los nuevos objetivos de déficit y deuda de las CCAA para este año y la nueva senda para el período 2017-2019. |7|