Lobbies biotecnológicos pagados por grandes agroquímicas como Monsanto o Bayer están presionando para inocular en la Unión Europea (UE) toda una nueva generación de transgénicos sin que nos enteremos. Así lo advierte Corporate Europe Observatory en un reciente informe en cuyo subtítulo pregunta “¿Son las nuevas técnicas de reproducción el próximo paso del control multinacional sobre nuestra comida?”. En su intento por reescribir la regulación europea sobre transgénicos, la industria introduciría sin control alguno alimentos como la colza resistente de la canadiense Cibus o la patata nacional holandesa.

"Aquí crecen las patatas del futuro". Imagen: corporateeurope.org

“Aquí crecen las patatas del futuro”. Imagen: corporateeurope.org

En marzo de 2016 está previsto que la Comisión Europea (CE) actualice la regulación de los transgénicos dentro de la UE. Ocasión que la industria quiere aprovechar para retorcer las reglas, incluida la definición de Organismo Genéticamente Modificado (OGM), con el fin de excluir de la misma las nuevas técnicas de ingeniería genética. En concreto, los ataques van dirigidos al principio de precaución, que es la base de la regulación europea sobre producción alimentaria.

Riesgos adicionales en los transgénicos 2.0

Las nuevas técnicas de ingeniería genética que han surgido desde que la ley europea de transgénicos se introdujo en 2001, están siendo aplicadas para alimentar cultivos, árboles, animales de granjas e insectos. Si la campaña del lobby de la industria tiene éxito, nuevos organismos genéticamente modificados y alimentos -producidos con técnicas que incluyen la mutagénesis dirigida por oligonucleótidos (ODM), la agroinfiltración y la tecnología nucleica con dedos de zinc (ZFN)- podrían entrar en el medioambiente y en la cadena alimenticia sin testar, sin trazar y sin etiquetar. Docenas de patentes ya han sido registradas así por las grandes corporaciones agroquímicas como Bayer, BASF, Dow Agrosciences y Monsanto.

Dado el generalizado rechazo de los consumidores a los transgénicos, la invisibilidad es vital para el éxito comercial de cualquier producto genéticamente modificado en Europa. Sin embargo, su liberación en masa de forma no regulada podría tener consecuencias de largo alcance para el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la elección del consumidor. Cada una de estas técnicas conlleva su propio conjunto de riesgos e incertidumbres. “Informes técnicos y análisis jurídicos de organismos gubernamentales y ONGs han llegado a la conclusión de que los transgénicos 2.0 no deben escapar de la regulación de la UE sobre modificación genética. Mientras que algunos riesgos son similares a los asociados con los transgénicos 1.0, además hay graves riesgos adicionales”, alerta el informe.

Estos neotransgénicos también se conocen como técnicas de edición genética: En vez de introducir rasgos de otro genoma, éste puede ser directamente reescrito en las células. Y ese es su principal argumento, según Corporate Europe Observatory, para intentar soslayar la ley. De hecho, “las empresas parecen estar invirtiendo deliberadamente en técnicas diseñadas para burlar la normativa sobre transgénicos de la UE. (…) Estas inversiones, y las muchas solicitudes de patente relacionadas, ahora exigen un retorno económico”, sostiene. Estas técnicas permiten a los desarrolladores realizar uno o más cambios a una variedad ya existente con una posición fuerte en el mercado, como la manzana Gala, y cobrar precios más altos a los productores debido a la patente.

La colza resistente de Cibus y la patata nacional holandesa

¿Cuáles son esas “nuevas técnicas de reproducción”? Tienen nombres como mutagénesis dirigida por oligonucleótidos (ODM). Esta tecnología es la que utilizó la empresa canadiense Cibus aplicada a una colza tolerante a herbicidas que ha sido denunciada en Alemania. Los defensores de esta técnica proponen aplicaciones en levaduras, maíz, arroz, tabaco, trigo y hasta en mamíferos.

Otra es la cisgénesis, que tiene en el Gobierno holandés, por cierto, actual presidente de turno de la UE, a uno de sus mayores abanderados. Sucede que la Universidad de Wageningen recibió 10 millones de euros para desarrollar una “patata nacional” cisgénica. Tanto Wageningen como el gobierno holandés han jugado un papel activo en La Haya y en Bruselas persiguiendo la desregulación de la cisgénesis.

Precisamente de bandera holandesa es el lobby pro neotransgénicos Schuttelaar & Partners. Este grupo de presión ha puesto en marcha un vehículo que lleva por nombre “Plataforma de Nuevas Técnicas de Reproducción” con la misión de excluir de control el máximo posible de estas nuevas técnicas de modificación genética. Schuttelaar & Partners tiene una oscura reputación como lobby protransgénicos. Asesoró a Monsanto para introducir los primeros cultivos Roundup Ready (tolerantes a herbicidas) en el mercado europeo en 1996. Entre sus clientes también figuran nombres como Syngenta, Bayer, CropScience, Dow AgroSciences, EuropaBio, Inova Fruit. Además aparecen como miembros de la Plataforma de Nuevas Técnicas de Reproducción las siguientes marcas: KeyGene, SESVanderHave, Rijk Zwaan, Meiogenix, SweTree Technologies, Enza Zaden, Rothamsted Research, VIB (Flemish Biotechnology Institute), Fondazione Edmund Mach, the John Innes Centre y la catalana Semillas Fitó.

El TTIP o el CETA, fuente adicional de presión

Las actuales negociaciones del TTIP o el CETA (UE-Canadá) son una fuente adicional de presión política sobre quienes toman las decisiones en Europa. En este contexto, los lobbies de la industria han presentado la regulación de las nuevas técnicas transgénicas como una preocupación comercial, alegando que el carácter innovador y la competitividad del sector de la biotecnología están en juego. Para ocultar que sólo les mueve el ánimo de lucro, aluden a desafíos globales que las agroquímicas no resuelven sino que en muchos casos agravan como “el rápido crecimiento poblacional, el cambio climático y la creciente escasez de recursos como agua y tierra fértil”.

Así las cosas, la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE) ya ha dejado caer que al menos una, quizás más, pero no todas las nuevas técnicas se escaparán a la regulación como resultado de la decisión de la Comisión. Si esto fuera cierto -independientemente de a cuántas técnicas afecte- supondría un serio ataque a la seguridad alimentaria y medioambiental, a la elección del consumidor y a la transparencia en la cadena alimentaria, a la vez que un impulso a la concentración empresarial en el sector de las semillas  a través de patentes.

Tal y como reconoce la propia Bruselas, la deliberación de la Comisión probablemente sea sólo el principio de este polémico tema. Muy probablemente será el Tribunal de Justicia de la UE quien en última instancia determine el destino de la regulación de estas nuevas técnicas de modificación genética. Por otra parte, otros actores aún pueden entrar en juego. Distribuidores de alimentos pueden exigir responsabilidad directa por los nuevos productos a quienes los ponen en el mercado. Y los parlamentos nacionales pueden insistir en el etiquetado de los nuevos productos modificados genéticamente, como ha sucedido en los Países Bajos.