Tan solo cuatro empresas, Bayer-Monsanto (19%), Corteva (18%), Syngenta (8%) y BASF (4%) controlan la mitad de un mercado de semillas de 47.000 millones de dólares. También controlan el 75% del mercado global de agroquímicos, según datos recopilados por la organización internacional Grain.org en una reciente publicación titulada “¿Quién gana con la UPOV?”.

Antes de desgranar quién gana con la UPOV, Grain.org explica qué es. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), es “un régimen legal de derechos monopólicos sobre las variedades vegetales, administrados por un organismo ubicado en Ginebra”.

Desde que se creara en 1961, la UPOV se expandió y el mercado global de semillas fue controlado por un cártel de compañías de agroquímicos. Según Grain.org, “esto no es una coincidencia. Estas empresas [Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta y BASF] se concentran en la venta de semillas comerciales mejoradas que dependen de un intenso uso de agroquímicos y sus semillas modificadas genéticamente actualmente corresponden a cerca de la mitad (46%) de las ventas globales de semillas”.

Los sistemas campesinos de semillas “están bajo amenaza”

GRAIN

“El resultado lógico de este poder corporativo, concentrado y con respaldo legal, es un aumento exponencial de las ganancias corporativas. Con el poder monopólico y la criminalización de otras alternativas, los gigantes de los agroquímicos tienen libertad para aumentar sus precios y abusar de quienes se dedican a la agricultura. A lo largo de los últimos 5 años, sus ingresos y ganancias provenientes de las ventas de semillas y agroquímicos se han disparado, por lo que las ganancias de ambos rubros han aumentado cerca del doble durante este período”, prosigue la organización internacional, que incide en que “la enorme riqueza y diversidad de semillas que existe hoy el mundo es el resultado del trabajo de generaciones de campesinas y campesinos que han guardado, intercambiado e innovado colectivamente sus semillas. Estos sistemas campesinos de semillas aún abastecen el 70% a 90% de lo que se siembra cada año en muchas partes del Sur global”.

Sin embargo, advierte Grain.org, estos sistemas campesinos de semillas “están bajo amenaza. Las corporaciones no pueden ganar dinero a partir de las semillas cuando campesinas y campesinos tienen la libertad de guardarlas, intercambiarlas y mejorarlas. En consecuencia, desde que las corporaciones de agroquímicos más grandes del mundo comenzaron a comprar empresas semilleras en los años 80 y a desarrollar cultivos modificados genéticamente, han presionado de manera agresiva para que se aprueben leyes que les entreguen los derechos monopólicos sobre las semillas y criminalicen las prácticas campesinas”.

“Es vergonzoso poder imponer a un agricultor hasta tres años de cárcel por usar semilla no autorizada para su siembra, por las denuncias de estas multinacionales que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas”

La Unión

Algo que conoce muy bien el campesinado español. Este mismo mes de noviembre, la organización agraria La Unión de Extremadura, miembro de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha pedido tanto al Ministerio de Agricultura como a la Junta de Extremadura una moratoria para poder utilizar semillas de reempleo y ha denunciado la persecución que sufren los agricultores por usar esta práctica. “Es vergonzoso poder imponer a un agricultor hasta tres años de cárcel por usar semilla no autorizada para su siembra, por las denuncias de estas multinacionales que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas”, han lamentado.

Estas quejas se han extendido a toda la organización agraria estatal, la Unión de Uniones, que ha dirigido un escrito al Ministerio de Agricultura para solicitar que flexibilice excepcionalmente la comercialización de semillas entre agricultores ante las dificultades que atraviesa el sector.

“Los obtentores vegetales han logrado contar con una férrea protección legal de sus intereses económicos, pero estamos en una situación excepcional y en situaciones excepcionales ya hemos visto que determinadas barreras legales pueden cambiarse”

La Unión

En concreto, dichas dificultades son una sequía hidráulica que ha hecho que muchos agricultores opten por la siembra de cultivos de invierno en sus explotaciones ante la previsible falta de dotación de agua para riego. Además, indican desde la Unión de Uniones, la sequía “ha mermado de forma importante la producción de cereales y leguminosas. Ello, junto con los obstáculos de todo tipo surgidos a raíz del conflicto bélico en Ucrania, ha originado que en los mercados de cereales, oleaginosas y proteaginosas exista una oferta insuficiente para atender cumplidamente las necesidades de abastecimiento”. Asimismo, añaden que “las nuevas normas de la Política Agraria Común establecen para la campaña 2023 la necesidad de siembra de ciertas familias de cultivos para cumplir tanto las buenas condiciones agronómicas y medioambientales como para acceder a algunos eco-regímenes”.

Por todo ello, la Unión de Uniones considera imprescindible que se arbitren las medidas oportunas que flexibilicen los requisitos y trámites ligados a este proceso de reutilización y comercialización de semillas para la siembra proponiendo la autorización excepcional de comercialización de semillas en la campaña 2023 entre agricultores.

La organización ha recordado que tanto la regulación europea como la española contemplan excepciones que deberían explorarse, pero reconoce que existen obstáculos legales que habría que superar. “Los obtentores vegetales han logrado contar con una férrea protección legal de sus intereses económicos, pero estamos en una situación excepcional y en situaciones excepcionales ya hemos visto que determinadas barreras legales pueden cambiarse”, apuntan desde la organización “y es lo que pedimos”, reclaman.

“Las semillas necesitan protección, pero protección ante la codicia de las corporaciones de agroquímicos, no de las campesinas y los campesinos”

GRAIN

El año pasado, 230 grupos de campesinos y organizaciones de las sociedad civil provenientes de 47 países se unieron para enfrentar esta usurpación corporativa con el lanzamiento de la campaña Detengamos a la UPOV. Las organizaciones piden desmantelar la UPOV porque prohíbe el libre uso, conservación, mejoramiento, intercambio y distribución de semillas y deteriora los sistemas campesinos de semillas, de gran diversidad, que necesitamos para enfrentar la crisis climática y alimentaria.

En 2022, las y los participantes en la campaña se han reunido nuevamente en una Semana de Acción Global, desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre. “Las semillas necesitan protección, pero protección ante la codicia de las corporaciones de agroquímicos, no de as campesinas y los campesinos que las protegen de la misma forma en que lo han hecho por generaciones”, asegura Grain.org.