El pasado sábado, 20 de junio, al filo del fin del estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, el clamor por una sanidad pública digna y de calidad alineó las reivindicaciones del campo con las de la ciudad. Mundos que están tan cerca y, a menudo, tan lejos. Bajo distintas convocatorias, ese día confluyeron las protestas de decenas de ciudades con las de cientos de pueblos por todo el Estado español. A las marchas de las mascarillas presenciales en las calles se les unió la convocatoria virtual por una sanidad rural digna y de calidad. Manifestaciones distintas, las mismas urgencias.
En Madrid, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) encabezó una movilización desde Atocha al Hospital Niño Jesús, que la Comunidad de Madrid pretende ampliar a través del modelo público-privado (PCI). En la pancarta, la vacuna contra la privatización de la sanidad: La derogación de la Ley 15/97, en línea con la campaña de CAS Madrid insistiendo en que “la privatización mata, todo de vuelta a manos públicas”.
Junto a CAS, marcharon la Plataforma de Centros de Salud y la Coordinadora de Médicos Internos y Residentes (MIR), que convoca huelga el 1 de julio para denunciar su escandalosa precariedad laboral. También la Plataforma por un Plan de Choque con medio millar de colectivos, que manifestaron la exigencia de un plan de choque social para exigir una salida justa de la crisis que “ponga la vida en el centro”.
Más de 25.000 firmas y de 1.800 fotos por una sanidad rural pública digna y de calidad
En la comunidad vecina, Castilla y León, muy castigada por la pandemia, se combinaron las marchas presenciales con las virtuales. Tiró del carro de esta última una aldea de menos de cien habitantes, donde el colectivo Por una sanidad rural digna y de calidad ha conseguido más de 25.000 firmas para su Manifiesto, más de 1.800 fotos y liderar el trending topic de Twitter ese día a nivel regional. En su llamamiento a la acción, los pueblos denuncian el desmantelamiento de miles de consultorios locales, que han dejado a una población envejecida y vulnerable sin médico en sus municipios, con unas telecomunicaciones y unos medios de transporte muy deficientes.
El cerrojazo a los consultorios rurales, impuesto a golpe de COVID19, ya venía perpetrándose desde el pasado mes de noviembre de 2019, cuando la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León comenzaba a implementar su Nuevo Modelo de Asistencia Sanitaria en el Medio Rural.
No podrá sentirse orgullosa de su trayectoria profesional la consejera de Sanidad de Castilla y León Verónica Casado, de Ciudadanos, que ha pasado de ser considerada la mejor médica de familia del mundo a la “cierrapueblos”. Precisamente su dimisión fue reclamada a gritos en la manifestación del 20J en Segovia capital.
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia (MEDSAP) denuncia que esta pequeña provincia colindante con Madrid ha sido la peor estadísticamente a nivel estatal en aumento de la mortalidad durante la pandemia. Los datos que maneja son escalofriantes: Un solo hospital, 6,48 camas UCI, 170,67 camas hospitalarias, menos de 400 médicos y 500 enfermeras y una mortalidad por COVID19 de 318,63 por 100.000 habitantes… MEDSAP destaca asimismo que la provincia sufrió “una de las ratios más altas de saturación extrema en el hospital con los peores medios del país”, así como “una mortalidad en residencias de 4,16 por mil habitantes”.
Pero en Segovia llueve sobre mojado y la enfermedad de la sanidad pública en la provincia viene de lejos. Para el sindicato CGT, “todos los problemas que sufre la sanidad de esta provincia forman parte, no solo de una mala gestión, sino de una política consciente de desmantelamiento de la sanidad de esta provincia». Tan es así, que los pobres pobres enfermos de cáncer de Segovia que necesitan radioterapia están obligados a peregrinar con sus males a cuestas a otros hospitales de la comunidad. El sindicato señala la decisión de cerrar el Hospital Policlínico, dejando a Segovia con la menor dotación de camas de toda la comunidad, a la que siguieron “los recortes en prestaciones, en personal, en recursos materiales, en infraestructuras… llevándose a cabo una gestión en la que primaba claramente lo económico, frente a lo asistencial, y, por supuesto, de espaldas a los usuarios”.
En marzo aumentó en 1.716 el número de tarjetas sanitarias de pacientes desplazados de Madrid a Castilla y León, hasta las casi 4.000
Desde uno de los numerosos pueblos de Castilla y León que el 20J se concentraron a las puertas de sus consultorios rurales cerrados, el colectivo SOS Rural de Ayllón, localidad cuyo hospital más cercano se encuentra a cien kilómetros, afirma en un comunicado que “nuestro sistema sanitario llevaba colapsado años, décadas” y pregunta: “¿quién va a velar y cuidar de nosotros en los próximos meses cuando nuestra población se multiplique por seis?”. Esta cuestión hace referencia al habitual traslado de personas de las ciudades a los pueblos cada verano, lo que venía estirando al límite las costuras de una sanidad esclerotizada ya antes del COVID19. Un dato: Solo en el mes de marzo aumentó en 1.716 el número de tarjetas sanitarias de pacientes desplazados de Madrid a Castilla y León, hasta las casi 4.000, según datos de la Consejería de Sanidad.
Aragón fue otra de las comunidades donde se celebraron grandes movilizaciones “para defender una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y con perspectiva de género”. Miles de personas salieron a las calles de Zaragoza, donde dijeron ‘No al macrohospital privado’. También en Huesca, Fraga, Monzón, L’Aínsa y Samianigo. “Y es que los ataques a la sanidad pública no se producen solo en las grandes capitales, las zonas rurales también sufren los grandes pelotazos urbanísticos y el abandono de la Atención Primaria”, publicó Arainfo.
