El Tribunal de Cuentas Europeo ha detectado fraudes en la Política Agraria Común (PAC) como el acaparamiento ilegal de tierras. En la UE, el «acaparamiento de tierras» se ha asociado a la concentración de tierras agrícolas y subvenciones de la PAC en manos de grandes empresas e inversores, especialmente en los Estados miembros de Europa Oriental. El «acaparamiento de tierras» puede estar vinculado a prácticas fraudulentas, como la falsificación de documentos, la coacción, el uso de influencias políticas o de información privilegiada, la manipulación de procedimientos o el pago de sobornos. En su evaluación de la respuesta de la Comisión Europea, los auditores concluyen que la UE debería ser más proactiva en su lucha contra el fraude en el gasto agrícola.
La política agrícola común (PAC), el mayor componente individual del gasto con cargo al presupuesto de la UE, comprende algunos regímenes de gasto que están particularmente expuestos al riesgo de fraude. Así lo indica un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo que ofrece una visión general de los riesgos de fraude que afectan a la PAC y evalúa la respuesta de la Comisión Europea al fraude en el gasto agrícola. Los auditores concluyen que la Comisión ha respondido a casos de fraude en el gasto de la PAC, pero que debería ser más proactiva a la hora de abordar determinados riesgos de fraude, como el «acaparamiento ilegal de tierras». Los defraudadores pueden aprovechar las insuficiencias en los controles de los Estados miembros, por lo que los auditores también recomiendan que la Comisión supervise mejor las medidas nacionales de lucha contra el fraude, proporcione orientaciones más concretas y promueva el uso de nuevas tecnologías para prevenir y detectar el fraude.
Los auditores examinaron las pautas de fraude en los regímenes de pago de la PAC y realizaron un análisis de las medidas financiadas por la PAC en régimen de gestión compartida (pagos directos, medidas de mercado y desarrollo rural), así como un examen de los datos de los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020. Los principales riesgos identificados por los auditores están relacionados con la ocultación por los beneficiarios del incumplimiento de las condiciones de subvencionabilidad, con la complejidad de las medidas financiadas y con las formas ilegales de «acaparamiento de tierras».
«El fraude perjudica los intereses financieros de la UE e impide que sus recursos alcancen los objetivos políticos», manifestó Nikolaos Milionis, miembro del Tribunal que dirigió la auditoría. «Creemos que la UE debería hacer más para abordar el riesgo de fraude en el gasto agrícola. Esperamos que nuestro informe ayude a la Comisión y a los Estados miembros a desarrollar su capacidad de lucha contra el fraude en el marco de la nueva política agrícola común 2023-2027.»
