Los ‘súper’ especuladores siguen abusando de productores y consumidores, a pesar de los últimos pasos dados por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria. Además de subir precios, retirar productos frescos y engañar en el etiquetado en plena pandemia, la última es que están vendiendo fruta de muy bajo calibre, por debajo de los 35 milímetros, que a los agricultores ni siguiera se les paga al considerarla “destrío”. Así lo ha denunciado recientemente la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de ciertos supermercados, lo que, según esta organización agraria, “perjudica a toda la cadena, pues tira de los precios en origen hacia abajo, afectando a todas las categorías, mientras que los consumidores siguen pagando un precio alto por la fruta”.
Y aún más. UPA ha anunciado que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha abierto hasta ocho expedientes sancionadores contra sendas sociedades anónimas, sociedades limitadas y una sociedad cooperativa que habrían comprado y vendido fruta sin contratos, o con contratos sin los elementos mínimos requeridos, como el precio o los plazos de pago.
Para esta organización agraria, “el endurecimiento de la legislación que regula la cadena alimentaria tiene que ir de la mano de la presentación de denuncias en aquellos casos en los que se aprecien ilegalidades”. En este sentido, UPA ha confiado en que los expedientes se traduzcan en “sanciones firmes” cuando se demuestre que efectivamente estas empresas han incumplido la Ley de la cadena alimentaria, que fue modificada mediante real decreto en el mes de febrero, tras las movilizaciones de los agricultores al límite, y que va a recibir nuevas actualizaciones con la trasposición de la directiva de la UE de prácticas comerciales desleales.
“Las reglas del juego han cambiado”, han recordado desde UPA. “Ahora tenemos una normativa que sienta las bases para que el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, aporta seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos y apuesta por que los productores de alimentos reciban unos precios justos por sus productos”, han señalado.
Unión de Uniones pide un mayor control a posibles comportamientos abusivos de la distribución
Por su parte, otra organización agraria, en este caso la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la noticia de la sospechosa gestión de los ingresos procedentes de una central de compras de DIA y Eroski y denunciada por la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la plataforma PROMARCA, ha pedido un mayor control y vigilancia de la actividad de la distribución.
Unión de Uniones resalta que, si además de que existe una gran concentración de la distribución, se permite que existan centrales de compra conjuntas de grandes cadenas, esto no hará más que agravar la situación de parte de la industria y, sobre todo, de los productores.
Unión de Uniones, ante el relato de estos hechos, se muestra preocupada e insta a que se realice una investigación exhaustiva y se llegue al fondo del asunto para aclarar la veracidad de los hechos que se denuncian, destapando otros casos que se puedan estar dando. Igualmente destaca que, de ser ciertos, esto pone en evidencia, una vez más, el poder que ejerce la distribución y los escasos mecanismos de control que se poseen para perseguir estas prácticas.
La organización reclama una ley de cadena alimentaria que funcione de forma equilibrada y que defina bien qué es posición de dominio para que se puedan identificar mejor los casos de abusos que se puedan dar.
“Estamos llegando ya a una situación insoportable, hasta el punto que la propia FIAB ha presentado una denuncia porque una parte de la agroalimentación se ha visto perjudicada – señalan desde la organización. “Para evitar que estas prácticas se vuelvan a dar se tiene que hacer una reforma radical a la ley de cadena alimentaria, no vale con un lavado de cara”-, añaden.
Unión de Uniones defiende también la necesidad de dotar de mayor presupuesto y competencia a la AICA para que pueda ejercer una mejor labor e identifique las prácticas abusivas con mayor celeridad, así como solicita la mayor implicación por parte de la CMNV en relación a estos casos.
