La dación en pago sin condiciones está incluida en la Directiva europea que obliga a España a reformar la Ley Hipotecaria

La dación en pago (la cancelación de la deuda con la entrega del bien hipotecado), prácticamente inexistente en España, está incluida sin condiciones en la Directiva europea que obliga a reformar la Ley Hipotecaria. El Gobierno de Rajoy y de Guindos tenía que haber adoptado esa directiva a más tardar el 21 de marzo de 2016. Aún no lo ha hecho y podría ser sancionada por ello. ¹

La Ley Hipotecaria² española es una ley franquista³ (procede de un Decreto de 1946) cuya aplicación ha permitido a las entidades financieras estafar a millones de clientes (gastos hipotecarios, cláusulas suelo…) y expulsar a cientos de miles de familias de sus hogares, especialmente a partir de la burbuja inmobiliaria que comenzó a finales de los 90. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)⁴ se han acumulado en torno a medio millón de desahucios desde que comenzó la crisis en 2007, llegando a contabilizarse algunos años más de 500 al día⁵. Medio millar de dramas diarios que conllevan dependientes desatendidas, enfermedades físicas y mentales, violencia de género, menores sin escuela, desestructuración familiar, suicidios… Los Afectados por la Hipoteca cifran el número de ejecuciones hipotecarias en más de 700.000.

La Directiva en cuestión es la 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial⁶. En su artículo 28, la Directiva que ya tenía que estar adoptada dice literalmente en su punto 4 que “los Estados miembros no impedirán que las partes en un contrato de crédito puedan acordar expresamente que la transferencia de la garantía o ingresos derivados de la venta de la garantía al prestamista basten para reembolsar el crédito”.

El Banco de España ya señalaba en 2014 la referencia a la dación en pago de la Directiva

El actual Gobierno de España, que como los anteriores no ha parado de favorecer a la banca, ha sido muy consciente de que estaba obligado a reformar la Ley Hipotecaria, dación en pago incluida, aumentando la protección de los consumidores. Cosa que aún a día de hoy, a plazo vencido, no ha hecho. Tanto es así, que el propio Banco de España publicó en abril de 2014 una “nota sobre la nueva directiva europea de crédito hipotecario”⁷ en la que señalaba que “incluye una referencia a la dación en pago, obligando a los Estados a no limitar la libertad de las partes para acordar que la transferencia de la garantía al prestamista baste para reembolsar el préstamo. Además, se impone a los Estados la adopción de medidas de protección al consumidor cuando, una vez finalizado el procedimiento de ejecución, la deuda no quede saldada”.

Además, la Directiva, obliga a las entidades financieras a facilitar a los consumidores información gratuita y explicaciones adecuadas; insta a “adoptar medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un proceso de ejecución”; o prohíbe las prácticas de ventas vinculadas, entre otras disposiciones. El Gobierno tenía que haber transpuesto esta Directiva a más tardar el 21 de marzo de 2016, so pena de sanción.

Actualmente, pese a que el artículo 140 de la Ley Hipotecaria permite “pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados”, lo que se ha estado imponiendo a rajatabla ha sido el artículo 105: “La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor”, establecida en el artículo 1911 del Código Civil⁸ (del año 1889) que dice que “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. Contra éste, cabe confrontar el 1859: “El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas”⁹. Que se lo pregunten a los deudores cuyos préstamos los bancos han vendido a los fondos buitre sin haber sido siquiera informados.

El ‘parche Guindos’ no ha servido para frenar la hemorragia de desahucios

Ésta es la cruda realidad de los hipotecados de todo el Estado español. La cantidad de desahucios e incluso suicidios que ha provocado la aplicación dura de esta Ley en los últimos años ha llegado a ser tan escandalosa, que el Gobierno de España se vio obligado a adoptar un Real Decreto-ley “de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos”¹⁰. El 6/2012, de 9 de marzo, conocido como el ‘Código de Buenas Prácticas Guindos’, más bien el ‘parche Guindos’, que contempla expresamente la dación en pago, pero sólo para el deudor “que se encuentre situado en el umbral de exclusión”. Conviene no olvidar que Luis de Guindos proviene de la banca de inversión: era el responsable en España y Portugal de Lehman Brothers cuando quebró en 2008 por el escándalo de las hipotecas subprime.

Ni que decir tiene que el ‘parche Guindos’, posteriormente modificado, no ha servido para frenar la hemorragia de desahucios. Basta con echar un vistazo a la situación de las víctimas hipotecarias. En marzo de 2013, el diputado de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural Joan Coscubiela criticó que el Gobierno aceptara la dación en pago de las inmobiliarias pero continuara negándosela a las familias¹¹.

Mucho más recientemente, en enero de 2017, se conoció la sentencia de un juzgado de Barcelona que recogía la dación en pago por la vía judicial. En ella, según explica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, “el juez argumenta que no tiene sentido que el hipotecado asuma responsabilidades de por vida mientras que al banco se le permite adjudicarse el inmueble por un 60%, perseguirte de por vida y después vender el inmueble a mayor precio, es decir, la entidad bancaria se adjudicó la vivienda por un precio que ya cubría la deuda, tasación hecha por la propia entidad y, además luego la vendió por un precio muy superior al adjudicado, obteniendo beneficios por ambos lados (adjudicación y venta) con un derecho básico, el acceso a la vivienda”. En la misma nota, la Plataforma exige “cambios legislativos que den soluciones universales y no tener que pelear caso a caso por la vía judicial. Así como hicimos en 2013 con la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria que planteaba la dación en pago retroactiva. Iniciativa que contaba con 1,5 millones de firmas y un amplio apoyo social; cambios que se vieron bloqueados por el servilismo del PP a la banca”¹². Además, hay que tener en cuenta que la dación en pago no es suficiente, porque sigue sin solucionar el problema de la vivienda.

Los presidentes de Bankia y BBVA: “Probablemente España tiene el mejor sistema hipotecario del mundo”

Y a pesar de todo, los presidentes de la rescatada Bankia, José Ignacio Goirigolzarri y del expúblico BBVA (la ‘A’ procede de Argentaria, que agrupaba bancos públicos españoles), Francisco González, siguen afirmando con total desfachatez que “probablemente España tiene el mejor sistema hipotecario del mundo”¹³. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró en el VII Spain Investors Day (SID) que la dación en pago no iba a estar incluida en un proyecto de ley hipotecaria que preparaba inmediatamente el Gobierno y que al final el Consejo de Ministros no aprobó, porque lo abordará en los próximos meses, tras negociar con la oposición. ¹⁴

“No es una crisis, es una estafa”, lleva clamando durante años la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y los tribunales, uno detrás de otro, les siguen dando la razón. A finales de 2015, el Tribunal Supremo declaró abusivas las cláusulas con las que los bancos imponían a sus clientes el pago de todos los gastos de formalización de sus hipotecas. Se estima que esta situación afecta a unas seis millones de hipotecas.

El pasado 21 de diciembre de 2016, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaraba abusivas las cláusulas suelo y corregía al Tribunal Supremo español, obligando a devolver lo estafado desde la fecha de la firma del contrato de la hipoteca. El Gobierno no tardó en salir al rescate de los bancos (de nuevo) aprobando un procedimiento extrajudicial que beneficia a las entidades financieras eximiéndolas del pago de las costas procesales en determinados casos. De nuevo, el título del Real Decreto-ley conduce a error, al llamarse “de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. ¹⁵

El TJUE declara nula la cláusula en la que se han basado todas las ejecuciones hipotecarias

Después, ya en enero de 2017, ha llegado otra sentencia más del TJUE que viene a decir que es ilegal y nula la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas. Es la cláusula que permite a la banca reclamar la totalidad de la deuda pendiente, más los intereses correspondientes, una vez se ha dejado de pagar tres cuotas. “Cuando llegas a este punto y el banco te reclama de golpe que pagues la totalidad de la hipoteca de una vez, lógicamente no puedes. El banco, amparándose en esta cláusula, ejecuta judicialmente la hipoteca y abre el proceso que te condena al desahucio y a una deuda de por vida. Dado que es precisamente en esta cláusula en la que se basan todas las ejecuciones hipotecarias, podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la directiva 93/13/CE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal. Una legislación que, a día de hoy, sigue siendo contraria a la normativa UE en materia de derechos de los consumidores, y que afecta también a una necesidad fundamental como la vivienda”, fue la respuesta de los Afectados por la Hipoteca, que ya han anunciado que van a reclamar la nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios desde 1995, así como la restitución de derechos y la reparación de los daños producidos ¹⁶. Nótese que a pesar de que la UE legisla mínimamente unos derechos tan reducidos como son los de los consumidores, el Gobierno español se ha negado a adaptarla en tiempo y forma.

Estos escándalos hipotecarios se vienen a sumar a otros protagonizados por las entidades financieras españolas, como la estafa de las preferentes, las prejubilaciones millonarias que los directivos de cajas de ahorros se regalaron antes de fusionarse o las tarjetas black, con las que los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato pagaban cacerías o salas de fiesta de manera opaca. Para ayudar al sector financiero español, el ministro de Guindos, en nombre del Gobierno de España, pidió al Eurogrupo un rescate de hasta 100.000 millones de euros que nos ha costado al pueblo grandes recortes y sacrificios y del que, según declaró el propio de Guindos en febrero de 2017 en el Congreso¹⁷, se habrán devuelto al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 10.000 millones de euros a finales de año de los 60.000 utilizados, para lo que se está pensando recurrir a la privatización de Bankia y BMN. De nuevo, privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas por parte del Gobierno en favor de la banca.